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La libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia y un derecho esencial para el ejercicio del periodismo. Pero de más está decir que en contextos como el nuestro, la cosa se pone mucho más compleja. Cuando los intereses políticos, económicos y criminales se entrelazan, este derecho puede verse seriamente amenazado.
En nuestro país ya hay numerosos casos de periodistas que han sido amenazados, intimidados o incluso asesinados por investigar temas sensibles, como el narcotráfico, la corrupción política o los vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales. Y mientras más peligroso sea el tema de investigación, menos garantías de seguridad hay.
El caso de los chats de Lalo Gomes han demostrado cómo la impunidad está a la orden del día; las instituciones no siempre garantizan la protección de los denunciantes. Sin más, no hace mucho tiempo cierto grupo político pretendía obligar a los periodistas a revelar sus fuentes por medio de artilugios legales. Amenazaban, sin más, con citar a comunicadores a la Fiscalía.
Un caso más es el de las acusaciones sin fundamento del reconocido periodista Enrique Vargas Peña contra una colega del Grupo Vierci, que sin dudas deja en un estado de alerta a un gremio que ha venido sufriendo ataques e intentos de desprestigio por este gobierno. Sin más, presentamos algunas aristas para analizar el caso con más detenimiento.
El periodismo de investigación cumple un rol crucial al exponer casos de corrupción, tráfico de influencias y vínculos con el crimen organizado. Sin embargo, cuando los periodistas son acusados públicamente, sin pruebas, de recibir información privilegiada o de actuar con intereses ocultos, se busca desacreditar su trabajo y desviar la atención de los hechos investigados.
En su programa La Primera Mañana, Vargas Peña indicó que la información publicada por Última Hora fue recibida por una de sus periodistas que supuestamente tiene una relación con el juez Osmar Legal. Y esto desembocó en un ataque que se vio replicado por otros comunicadores que, curiosamente, siguen la misma línea política, como Carmiña Masi desde el medio Gen, propiedad del Grupo Nación Media que a su vez es propiedad de la familia Cartes, específicamente de Sarah Cartes, hermana de Horacio Cartes.
En este caso, el reconocido periodista no solo cuestionó la integridad de una colega, sino que también intentó deslegitimar la labor de todo un equipo de investigación (multimedios, además) que ha destapado un esquema de corrupción. Este tipo de acciones generan un clima de desconfianza hacia los medios y podrían disuadir a otros periodistas de abordar temas sensibles por miedo a represalias o descrédito público.
Al señalar a una persona por su nombre y apellido, sin pruebas concretas, se la expone a posibles represalias, especialmente cuando se trata de temas que involucran a actores poderosos, como el crimen organizado o funcionarios corruptos.
El Sindicato de Periodistas del Paraguay publicó un pronunciamiento al respecto: "Desde el Sindicato de Periodistas del Paraguay, expresamos nuestro más enérgico rechazo a la campaña de difamación en contra de una colega periodista, sindicada de recibir favores de un medio de comunicación a cambio de una serie de chats que revelan un esquema corrupto de la política. La falsa información desmerita el esfuerzo y compromiso de todo un equipo de investigación".
No fueron los únicos. Los periodistas sindicalizados de ABC también lo hicieron, el comunicado señala que Vargas Peña actúa como un “eco" del Grupo Cartes dentro del medio, lo que sugiere que sus declaraciones podrían estar influenciadas por intereses ajenos al periodismo independiente. Cuando los medios de comunicación se convierten en plataformas para defender agendas políticas o económicas particulares, la libertad de expresión se ve comprometida. Además, desde el equipo periodístico de Última Hora advirtieron que “se trata de un intento evidente de desviar la atención pública”.
Esto no solo afecta la credibilidad de los medios, sino que también limita el acceso del público a información veraz y objetiva. La injerencia de grupos de poder en los medios puede llevar a la manipulación de la narrativa pública, socavando el papel del periodismo como contrapeso democrático.
La libertad de expresión es un derecho que debe protegerse, especialmente en contextos donde el periodismo de investigación enfrenta presiones y amenazas. Los casos como el de Vargas Peña y los chats de Lalo Gomes demuestran que, cuando se desacredita a los periodistas, se expone su integridad y se permite la interferencia de intereses ajenos, no solo se ataca a individuos, sino que se debilita la democracia en su conjunto.
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