La corrupción en Paraguay vuelve a quedar al desnudo. Mientras el presidente Santiago Peña vende al mundo un "paraíso de oportunidades", su gobierno protege a Orlando Arévalo, implicado en un escándalo de coimas y tráfico de influencias. La impunidad sigue reinando y el oficialismo demuestra, una vez más, su complicidad.
Por Mario Larroza
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| Foto: Fernando Romero, ABC |
Esta semana estalló un nuevo escándalo, que, aunque duele decirlo, no nos sorprende. La trama de coima y tráfico de influencia, que involucra a un diputado, jueces y fiscales, ha expuesto una vez más lo corrompido que se encuentra el sistema político y judicial del país. El caso gira en torno al diputado Orlando Arévalo, la jueza Sadi López y las fiscales Katia Uemura y Stella Mary Cano, quienes habrían participado en maniobras corruptas para torcer la justicia en favor de ciertos sectores de poder. Lo que sorprende no es la corrupción en sí, sino la impunidad con la que se sigue manejando el oficialismo.
El presidente Santiago Peña, quien en sus discursos internacionales se esfuerza por vender la idea de un “Paraguay de oportunidades”, se ha mostrado junto a Orlando Arévalo aún después de la exposición de los chats que lo incriminan. Una imagen que habla por sí sola. Mientras en público se pregona transparencia, en privado se tejen redes de protección para los suyos. ¿Es este el “paraíso de oportunidades” que Peña tanto proclama?
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| Arévalo y Santiago Peña en una misa en Itá. Archivo: Última Hora. |
El cinismo es evidente. Mientras la ciudadanía exige justicia, el gobierno opta por la complicidad. Las denuncias contra Arévalo y los demás implicados son gravísimas: extracción de información de un dispositivo ajeno, favores judiciales, encubrimientos. Sin embargo, desde el oficialismo las respuestas han sido tibias. Ni un pedido de investigación contundente, ni un pronunciamiento firme por parte del Ejecutivo. Solo un cálculo político que evidencia la protección de sus cuadros.
El problema no es solo Arévalo. La filtración de los chats de “Lalo” Gómez también reveló cómo opera el sistema de favores en la Corte Suprema de Justicia. A nadie sorprende que las decisiones judiciales en Paraguay respondan a intereses políticos, pero este caso desnuda con brutal claridad hasta qué punto la estructura está podrida. No se trata de manzanas podridas dentro del sistema; se trata de un sistema diseñado para funcionar así.
El senador Eduardo Nakayama pidió la renuncia inmediata de Arévalo, mientras que la senadora Lilian Samaniego exigió una investigación hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, en Paraguay este tipo de demandas suelen quedar en la nada. Si algo ha demostrado el cartismo es su capacidad para blindar a los suyos sin importar la magnitud del escándalo.
El trasfondo de este caso es político y económico. Peña insiste en atraer inversores extranjeros vendiendo la idea de un país confiable, pero ¿quién querría invertir en un país donde la justicia se compra y se vende? ¿Dónde está el tan cacareado compromiso con la institucionalidad y el Estado de derecho? La realidad es que Paraguay sigue siendo un feudo donde el poder se maneja entre unos pocos, a puertas cerradas y con la complicidad de un sistema judicial sometido a los intereses de la política.
Lo preocupante no es solo la corrupción en sí, sino la normalización de la misma. La impunidad es la norma, y la ciudadanía ya no se sorprende cuando surgen nuevos escándalos. Pero este caso es diferente. Expone con nombres y pruebas cómo se manipula el sistema desde adentro. La pregunta es si esta vez habrá consecuencias reales o si, como tantas veces, todo quedará en el olvido una vez que otro escándalo ocupe los nuevos titulares.
Lo cierto es que el oficialismo enfrenta un dilema: o corta los lazos con Arévalo y los demás implicados, o sigue encubriendo el caso, confirmando lo que muchos ya sabemos: que el gobierno de Peña no solo tolera la corrupción, sino que es parte activa de ella.
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