El Sindicato de Periodistas del Paraguay asistió a una reunión pública con senadores y diputados y expuso la importancia del periodismo en la sociedad, en específico, ante el avance de posturas autoritarias.
Por Josué Congo
Foto: Senado
El pasado 3 de octubre, representantes del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) acudieron a una reunión con la Comisión Bicameral de Investigaciones (CBI) antilavado de activos, conocida como Comisión Garrote por perseguir a organizaciones de la sociedad civil críticas al cartismo. El encuentro se dio tras las filtraciones de documentos y la exposición de datos personales de periodistas, como la dirección de sus domicilios, números de documentos y de celular. La cacería a periodistas en redes sociales estuvo encabezada por perfiles desinformantes, hurreros digitales y profesionales de medios afines al cartismo. Estas mismas cuentas son las que diseminaron desinformación sobre un supuesto fraude electoral y que impulsaron la expulsión de la senadora opositora Kattya González. El esquema tiene el acompañamiento y validación de los medios que formaban parte del extinto Grupo Cartes.
En este contexto, el SPP se presentó ante la CBI con un propósito claro: defender el derecho a la libertad de expresión y del libre ejercicio del periodismo. A continuación, se presentan cinco lecciones sobre la importancia del periodismo en la sociedad democrática a partir de las intervenciones de Santiago Ortiz, secretario general del SPP.
La libertad de expresión es esencial para la democracia
“La defensa de la libertad de expresión es una de las principales banderas que mantenemos desde 1979, que es cuando se forma el Sindicato de Periodistas del Paraguay, todavía en plena dictadura”, dijo Santiago Ortiz a la comisión de investigaciones. En ningún momento dejó su posición diplomática. Sin embargo, no perdió ninguna oportunidad para ser crítico y explicativo sobre la crisis que enfrenta el periodismo paraguayo.
Con respecto a la libertad de expresión, explicó que el Estado debe garantizarla, no solo como formalidad —la Constitución Nacional—, sino con acciones. Recordó que todo funcionario público, como los senadores y diputados de la comisión, son garantes de derecho, y deben cumplir ese rol.
“La importancia que tiene para nosotros que cada uno de los senadores y diputados que forman parte de la comisión tengan en cuenta su rol de funcionarios públicos, son personas garantes de derecho. Son personas que deben garantizar, en este caso, el derecho a la libertad de expresión, el ejercicio libre del periodismo”, Santiago Ortiz, secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay.
Ortiz también señaló que dentro de los estándares internacionales, los Estados tienen la obligación de tener un discurso público de promoción de la libertad de expresión y del ejercicio del periodismo. Esto significa que los gobiernos no deben perseguir a periodistas disidentes o aplicar censuras previas o posteriores a las publicaciones. Tampoco utilizar mecanismos paraestatales para acallar las voces críticas al gobierno.
El periodismo debe molestar al poder
“Esa bandera de la paz difícilmente vamos a poder levantar, porque el costo de esa paz podría llegar a ser la famosa paz de los cementerios, o sea, donde no se escucha la crítica”. Esto dijo Santiago como respuesta a un diputado que pidió que los medios de comunicación no critiquen y “dejen trabajar” a la comisión. “Nuestra tarea es molestar al poder”, sentenció Ortiz.
En el mismo sentido del “pedido” del diputado, hace pocos días, el presidente Santiago Peña dijo que es necesario “encontrar un equilibrio” en el trabajo de la prensa. Al presidente le incomoda las críticas de medios de comunicación que no comulgan con su postura política. Peña señaló que en las portadas de los periódicos se ven realidades opuestas, como si existieran dos países. “No puede ser que en el Paraguay estemos viviendo con visiones tan diferentes”, criticó el mandatario.
Pero como decía Santiago Ortiz, el periodismo no puede levantar la bandera de la paz, más aún cuando un gobierno comunica relatos inverosímiles a través de sus medios oficiales y afines. Los medios de comunicación brindan la posibilidad de que los ciudadanos contrasten información. Si el pedido del presidente se cumpliera, una parte de la realidad sería omitida, y prevalecería un solo relato sobre la realidad.
Las autoridades deben tolerar las críticas
Cuando inició la reunión entre la comisión y el sindicato, el senador Dionisio Amarilla se dirigió a Santiago Ortiz y preguntó si considera correcto adjetivar como comisión garrote a la CBI y qué piensa de las caricaturas que simbolizan a sus miembros como cerdos u “hombres primitivos con garrote”. La pregunta sorprendió. Un senador molesto por caricaturas de la sección de humor de medios tradicionales.
Ortiz respondió en dos partes. Primero señaló que el mote o calificativo de “comisión garrote” podría ser una crítica de los medios de comunicación y de los periodistas. Explicó que, “incluso siendo injusta la crítica, los funcionarios públicos deben tener una tolerancia mayor” por elegir sumarse a la vida pública. Además, y esto está ligado a la primera lección, la libertad de expresión es un derecho que debe ser garantizado por el Estado, no cuestionado por una posición personal como lo hizo el senador Amarilla.
Lo segundo que puntuó Santiago fue el derecho a réplica que tienen los ciudadanos. Dijo que, caso que a los legisladores les incomode las caricaturas que realizan los medios de comunicación, “existen los canales institucionales si es que consideran necesario algún resarcimiento o algún derecho a réplica caso consideren que hayan sido víctimas o hayan sido afectados por algún tipo de publicación, sea esta morbosa o de términos más formales”.
La protección de los periodistas es urgente
“En Paraguay, mayormente en manos del crimen organizado, han sido asesinados 21 colegas desde 1991”, dijo Santiago Ortiz a los senadores y diputados de la comisión. El Observatorio sobre Violencia contra Periodistas registró hasta la fecha 414 hechos de violencia contra trabajadores de la prensa. Las amenazas contabilizan 149 situaciones y las agresiones físicas 94, como cuando el diputado cartista, Yamil Esgaib, agredió a las periodistas Fiona Aquino (ABC TV) y Rocío Pereira (Telefuturo) en una cobertura en vivo.
A esto se suma el asedio digital que sufren varios periodistas, como Susana Oviedo y Estela Ruíz Díaz, tras la filtración de documentos que contienen sus datos personales. Ortiz dijo a la comisión que “si continúan las publicaciones de datos que, entendemos estarían en salvaguarda [de la comisión], se estaría exponiendo a los colegas a mayores riesgos”.
Un proyecto de ley de seguridad de periodistas y defensores humanos espera su primer trámite constitucional en la Cámara de Senadores desde mayo de 2023. El SPP es uno de los impulsores de la ley.
El discurso gubernamental debe garantizar el periodismo
Con la filtración de datos y un esquema de descrédito a periodistas, la seguridad y la salud mental de los trabajadores de prensa está en riesgo. Con preocupación, Santiago Ortiz dijo a los miembros de la CBI que “los discursos que instalan a periodistas como adversarios generan una crispación innecesaria en el debate público”. Explicó que es preocupante y peligroso que las autoridades fomenten el relato de que el periodismo crítico debe ser anulado.
Esta lección está relacionada con la garantía de la libertad de expresión y de que el periodismo debe incomodar al poder. A pesar de tener las herramientas coercitivas del Estado y la posibilidad de tener mayor relevancia en el debate público, los funcionarios públicos deben actuar como garantes de derecho y no como quiénes restringen o fomentan la restricción del ejercicio del periodismo.
“Es importante que el discurso público promueva la libertad de expresión y no antagonice a los periodistas. El discurso público debe prevenir la violencia contra periodistas y evitar exponerlos a mayores riesgos”, Santiago Ortiz, secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay.
Las autoridades no deben presentar a la prensa como un enemigo para la gobernanza. Esto no significa la necesidad de “un equilibrio” entre medios de comunicación y gobierno, o una “bandera de la paz”. El Estado debe evitar la violencia y la censura, con el objetivo de fortalecer el debate democrático. Pero si esto no es así, el que pretende censurar caricaturas o anular reportajes de investigación, solo expone su realidad: el temor al periodismo.
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